Nota de redacción: Este editorial es escrito por nuestro columnista invitado, Ursign Hofmann, un suizo experto en política internacional.

Hofmann, un adepto al castellano que trabaja en una de las organizaciones internacionales en Ginebra, contribuirá a NdG en temas suizos… y por supuesto en nuestra lengua.

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Ginebra, SUIZA – En noviembre de 2010, los suizos aprobaron con un estrecho margen de 52,9% de votos, la iniciativa popular del partido populista de derecha conocido como la UDC o SVP en alemán, en pro de la expulsión de los delincuentes extranjeros.

A su tiempo, la iniciativa hizo olas en la prensa internacional tanto por su contenido como por las ovejas negras que aparecieron en los carteles de publicidad y que no pocos clasificaron de racista.

Hace poco, el Parlamento endureció el derecho penal con respeto a expulsiones de delincuentes extranjeros, ampliando la lista de delitos que justifican la expulsión. El resultado es una Ley muy parecida a la iniciativa de la UDC de 2010.

Sin embargo, no es idéntica.

La iniciativa original de la UDC estipulaba la expulsión automática por delitos de cierta gravedad, sin embargo, la Ley parlamentaria recién adoptada, incluye una cláusula para casos de rigor que busca garantizar el respeto al principio de la proporcionalidad.

Concretamente, los jueces mantienen su libertad jurídica de evitar la expulsión automática, especialmente si ésta sujeta al supuesto delincuente a una situación personal grave.

Los partidos de derecha argumentan esta decisión diciendo que la cláusula minaría la expresión del pueblo suizo adoptada en 2010.

Desde el principio, la UDC que ha sido reconocido como un partido opositor al Estado, desconfiaba del gobierno y del parlamento en su tarea de elaborar la base jurídica para aplicar la iniciativa al pie de la letra, por lo que se dio a impulsar una segunda iniciativa popular aún más restrictiva y severa.

¿De qué se trata esta segunda votación?

La Iniciativa de Ejecución es un instrumento en ciertos aspectos simplista presentada por la UDC, sobre la cual deberán pronunciarse los suizos este 28 de febrero. La Iniciativa según ellos, busca que el «deseo del pueblo» sea cumplido.

Sus detractores no están de acuerdo y ambos lados se movilizan con un fervor que raramente se observa en la política helvética.

Este es un voto de gran importancia no sólo para Suiza, sino también para su población extranjera la cual representa el 25% de la población del país.

Esta segunda iniciativa de la UDC propone que «criminales extranjeros» que cometan un delito grave sean automáticamente expulsados de Suiza según un catálogo de delitos tales como el asesinato, los daños corporales, la violación o el robo a mano armada.

Según ellos, mientras que la iniciativa original crea seguridad, refuerza el ordenamiento jurídico, combate la criminalidad extranjera y reduce la reincidencia, la iniciativa de ejecución, según el diputado derechista Gregor Rutz, «desarrolla el valor preventivo en el campo de la migración”.

Cabe precisar que la expulsión automática es ferozmente criticada por sus oponentes por ser arbitraria y no diferenciada, y por vulnerar el principio de la proporcionalidad inscrito en la constitución helvética.

La violación de este principio iría también en contra los principios del Estado de Derecho y en contra los compromisos internacionales tal como la Convención Europea de Derechos Humanos o el Acuerdo con la Unión Europea sobre la libre circulación de personas. Este último, pesa con gran incertidumbre sobre las relaciones entre Suiza y sus vecinos.

Los Diferentes Puntos de Vista que Afectarían a los Inmigrantes

La UDC prefiere una aplicación estricta de la Ley, sin dejar margen para la consideración de las circunstancias personales del supuesto delincuente.

El Consejo federal lo ve de otra manera, ya que considera que la Ley es en práctica dura y recomienda al pueblo suizo que la rechace en votación.

La segunda iniciativa de la UDC, pide además la expulsión automática de cualquier persona que en un lapso de diez años cometa por segunda vez uno de los denominados «delitos leves».

Estos delitos incluye una lesión corporal ocasionada por ejemplo en caso de accidente no intencional, posesión de cierto tipo de pornografía, el abuso de la ayuda social o la amenaza a la autoridad, entre otros más, sin que se considere ninguna circunstancia a favor del extranjero.

Por consiguiente, una persona que haya nacido en Suiza pero que nunca haya adquirido la nacionalidad helvética, que haya crecido en Suiza sin ningún vínculo con otros orígenes, o que viva con una familia bien integrada en Suiza, podría ser expulsada a su supuesto país de origen, por haber cometido dos infracciones menores en un plazo de diez años.

La iniciativa desafía incluso la legislación formal.

Si es aprobada, la ley exigiría que el Parlamento inscriba directamente en la constitución, el catálogo de los delitos que rigen la expulsión.

Esta última iniciativa rompe claramente con la práctica que tiene el Parlamento de elaborar la base jurídica de la Ley, limitaría la actuación del Parlamento y los tribunales, e infringiría seriamente la separación de los poderes – lo cual es otro pilar del Estado de Derecho.

Se estima que esta votación que se celebra el domingo 28 de febrero de 2016 contará con alta participación.

Mientras los dos campos movilizan sus últimos recursos, cabe destacar un hecho sin precedentes: 11 de 18 ex Consejeros Federales han firmado una declaración contra la iniciativa, y tanto el Consejo Federal como el Parlamento recomiendan un rechazo a la iniciativa.

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